El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD), que arrancó en mayo cuando un exfuncionario allí llamado Sneyder Pinilla confesó que el gobierno estaba pagando millones a congresistas para pasar sus reformas sociales, ha abierto un nuevo capítulo para el presidente. La Corte Suprema, el tribunal que investiga a dos de los legisladores señalados de recibir millones, Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, le ha pedido al presidente ir al tribunal a dar su versión de los hechos. El magistrado del tribunal Francisco Farfán, además, “ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara”. Su objetivo, explicó, es “obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional”.
La primera reforma social, de salud, se hundió a principios de abril, y la segunda, de pensiones, se aprobó el mes pasado y ha sido celebrada en plaza de Bolívar por el presidente. La primera estuvo a cargo del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, también llamado a declarar por la Corte Suprema. La segunda a cargo de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que no ha sido señalada en este escándalo. También fue llamado ante la Corte Suprema el secretario de Transparecia, Andrés Idárraga, quien fue señalado en el escándalo por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y jefe de Sneyder Pinilla—los dos están colaborando con la justicia. López acusó a Idárraga del delito de tráfico de influencias, al supuestamente buscar beneficios para algunos alcaldes.
El exdirector Olmedo López nunca ha acusado a Petro directamente de lo ocurrido en la UNGRD, e incluso en mayo pidió “perdón al presidente Gustavo Petro” por lo ocurrido en un video que compartió en redes sociales. “Creo que todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho, deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el señor presidente en sus años de lucha en Colombia, merecen que el país conozca la verdad”, añadió.
Pero López sí ha señalado a los hombres más cercanos del presidente. El llamado de la Corte Suprema ocurre un día después de que se conoció que López acusó ante el tribunal al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el escándalo de corrupción en la UNGRD. En una declaración del 25 de junio ante la Corte, revelada por Noticias Caracol este martes, López aseguró haber recibido una orden de Bonilla para direccionar millonarios contratos de la UNGRD. “Entrega de contratos dirigidos a cambio de que el ministro logre el propósito en la comisión: que saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponde a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos”, aseguró el exdirector de la UNGRD. Es decir, que con contratos ofrecidos a los congresistas se buscaba que ellos votaran a favor de alguna reforma o asunto de interés del Ministerio de Hacienda.
En su declaración, López también mencionó la existencia de un “cónclave”, una serie de reuniones con altos funcionarios del Gobierno en la Casa de Nariño. En ella, supuestamente, se tomó la decisión de buscar los votos de los congresistas a cambio de contratos. A ninguno de esos encuentros asistió el presidente Gustavo Petro, pero, según López, sí estuvieron el mencionado ministro Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y Carlos Ramón González, por entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ahora director nacional de Inteligencia.
Para la fecha del denominado cónclave, Bonilla había dado su visto bueno a la aprobación en el congreso de una adición presupuestal para la UNGRD de 208.000 millones de pesos. El proyecto de ley para modificar el presupuesto general de la Nación fue autoría de José Antonio Ocampo, antecesor de Bonilla en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en esa primera versión no aparecía la adición para la UNGRD, que fue aprobada en junio de 2023, cuando Bonilla ya estaba a cargo de la cartera. La propuesta, que fue presentada por el senador liberal antioqueño Juan Diego Echavarría, decía: “El ministro Bonilla ha acogido favorablemente muchas de nuestras propuestas y ha expresado su disponibilidad de apoyar la presentación de un pliego que modifica en su totalidad el proyecto inicialmente presentado”.
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El ministro Bonilla ha negado los señalamientos. “Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos”, dijo en sus redes sociales.
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