El gobierno de El Salvador ofreció a Estados Unidos una reducción del 50 % en los costos asociados con el alojamiento de ciudadanos venezolanos en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con la condición de recibir en retorno la deportación de nueve líderes de la pandilla MS-13 que actualmente se encuentran detenidos en prisiones estadounidenses.
Según la cadena internacional CNN, los detalles fueron revelados a través de correos electrónicos a los que tuvo acceso dicha cadena, en los cuales Ibrahim Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, habría negociado directamente con Michael Needham, consejero y jefe de personal del secretario de Estado Marco Rubio, previo al inicio de las deportaciones.
“Al ser devueltos los nueve, (El Salvador) proporcionará (al Gobierno de EE.UU.) un 50 % de descuento para el Año 2, si es necesario, de los TdAs (miembros del Tren de Aragua) originales”, detalla uno de los correos electrónicos obtenidos por CNN, escrito por Ibrahim Bukele.
Inicialmente se estableció que Estados Unidos pagaría $20,000 anuales por cada venezolano deportado hacia El Salvador, hasta un máximo de 300 personas, alcanzando un monto total de $6 millones por año. No obstante, las comunicaciones obtenidas por CNN indican que Estados Unidos había propuesto enviar hasta 500 venezolanos, con un costo total de $10 millones anuales.
CNN también informó que Estados Unidos realizó un primer desembolso de aproximadamente $5 millones al gobierno salvadoreño el pasado 22 de marzo, destinados a las agencias salvadoreñas responsables del cumplimiento de la ley, para cubrir gastos relacionados con la detención de 238 miembros del Tren de Aragua deportados recientemente a El Salvador.
Hasta el momento, solo César Antonio López Larios, alias “El Greñas”, ha sido deportado por Estados Unidos a El Salvador, llegando en el primer grupo de deportados el pasado 16 de marzo. Algunos de los líderes requeridos por el gobierno salvadoreño enfrentan en EE.UU. acusaciones por terrorismo y poseen información clave sobre supuestos acuerdos entre estructuras criminales y la administración salvadoreña para reducir índices de homicidios.
