El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó este martes 29 de abril un informe que documenta al menos 468 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ocurridos durante el año 2024 en El Salvador.
De acuerdo con el reporte, la violación sexual fue el delito más frecuente, con 193 casos, lo que representa aproximadamente el 70 % del total. Le siguen agresión sexual (106 casos), abuso sexual (63), amenazas por denunciar (33) y acoso sexual (27). El informe también señala que al menos ocho menores víctimas de violación resultaron embarazadas.
En cuanto a los agresores, en 27 casos no se logró identificar al responsable. Sin embargo, el informe expone que al menos cinco de los agresores fueron identificados como miembros de instituciones de seguridad y justicia: tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uno perteneciente a la Sección Táctica Operativa (STO), un fiscal y un empleado del sistema de salud pública.
Además, con base en datos proporcionados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), se documentaron al menos 40 mujeres víctimas de violencia sexual en 2024, incluyendo 43 casos de violación.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), señaló que el régimen de excepción ha contribuido a invisibilizar otras formas de violencia, en particular la basada en género y contra menores de edad. “Hablar de seguridad no se trata solamente de la reducción de homicidios. Se invisibiliza la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que es un reflejo de los patrones estructurales de nuestra sociedad”, expresó.
Por su parte, Silvia Juárez, directora de Ormusa, afirmó que los datos reflejan la persistencia de la violencia sexual y advirtió que la solución no pasa únicamente por capturar agresores. “Se deben implementar políticas de prevención y seguridad que consideren el contexto de las mujeres y menores, más allá de una narrativa reduccionista de seguridad”, indicó.
El informe también denuncia la falta de transparencia estatal, destacando que el Consejo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) deshabilitó en abril de 2024 los datos estadísticos de su portal web, imposibilitando el acceso público a información clave. En 2023, entre abril y diciembre, Conapina había registrado 5,430 víctimas de violencia sexual.
Agresiones a la libertad de expresión
Además de documentar violencia sexual, el informe del OUDH analiza vulneraciones a la libertad de expresión. Según el documento, se ha registrado un incremento en las amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación, así como restricciones sistemáticas al acceso a la información pública.
“Es fundamental identificar a los perpetradores de estas vulneraciones. Sin embargo, la falta de información detallada en las fuentes oficiales obstaculiza esta labor”, afirmó Roberto López Salazar, coordinador del OUDH, quien destacó que parte del análisis se ha apoyado en documentación previa de otras organizaciones de derechos humanos.
